Una investigación del diario The Guardian, afirmó que la reina Isabel II de Gran Bretaña “presionó exitosamente al gobierno para que cambiara un proyecto de ley con el fin de ocultar su riqueza privada ‘vergonzosa’ al público”.
Según una serie de memorandos del gobierno de los años 70, descubiertos por The Guardian en los Archivos Nacionales, el abogado privado de “Elizabeth Windsor” presionó a los ministros para que modificaran la legislación propuesta para evitar que sus participaciones accionarias fueran reveladas al público.
“Tras la intervención de la reina, el gobierno insertó una cláusula en la ley otorgándose la facultad de eximir a las empresas utilizadas por los ‘jefes de Estado’ de nuevas medidas de transparencia”, afirma la investigación. El acuerdo se utilizó para crear una corporación fantasma respaldada por el estado que, según se entiende, ocultó las participaciones e inversiones privadas de la reina Isabel II hasta al menos 2011.
“La verdadera magnitud de su riqueza nunca se ha revelado, aunque se ha estimado que asciende a cientos de millones de libras”, afirmaron los periodistas David Pegg y Rob Evans en Guardian.
Los documentos, indicó el periódico, “sugieren que el proceso de consentimiento, que le da a la reina y sus abogados una visión anticipada de los proyectos de ley que llegan al parlamento, le permitió presionar en secreto para lograr cambios legislativos”.
«Una influencia que los lobbistas solo soñarían»
Thomas Adams, un especialista en derecho constitucional de la Universidad de Oxford que revisó los nuevos documentos, dijo que revelaban “el tipo de influencia sobre la legislación con la que los cabilderos solo soñarían”.
La mera existencia del procedimiento de consentimiento, dijo, parecía haber dado a la monarca una “influencia sustancial” sobre los proyectos de ley que podrían afectarla, dijo Adams.
Los documentos revelan que en noviembre de 1973 la reina Isabel II “temía que un proyecto de ley para brindar transparencia a las acciones de la empresa pudiera permitir al público escudriñar sus finanzas”. Como resultado, detalla la investigación, la reina envió a su abogado privado Matthew Farrer “para presionar al gobierno para que hiciera cambios”.
El proyecto de ley buscaba evitar que los inversores acumularan en secreto participaciones significativas en empresas que cotizan en bolsa mediante la adquisición de sus acciones a través de empresas fachada o nominados.
La divulgación de la fortuna real “sería vergonzosa”
El proyecto incluiría una cláusula que otorgaba a los directores el derecho a exigir que los nominados que posean acciones de su empresa revelen, cuando se les solicite, la identidad de sus clientes, según The Guardian.
Farrer transmitió la objeción de la reina de que la ley revelaría sus inversiones privadas en empresas cotizadas, así como su valor, y propuso que se eximiera al monarca. “Están muy preocupados por el riesgo de divulgación a los directores de una empresa como a los accionistas y al público en general”, escribió un parlamentario.
Según el mismo escrito, el abogado de la reina decía que no solo se corría “el riesgo de una filtración involuntaria o indiscreta a otras personas”, sino también porque revelar la fortuna privada de Isabel II “sería vergonzoso”.
“Al señor Farrer no solo le preocupaba que la información sobre las acciones que tenía la reina, y las transacciones en ellas, pudiera convertirse en de conocimiento público (ya que aparecería en el registro de la compañía) y, por lo tanto, podría ser objeto de una posible controversia”, escribió otro parlamentario.
El abogado de la reina consideraba “que cualquier divulgación de la titularidad real de las acciones por parte de la Corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, es potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones”, escribió.
Isabel II “era claramente la beneficiaria prevista del arreglo”, afirma la investigación
Al mes siguiente, el gobierno del primer ministro Edward Heath elaboró una ingeniosa propuesta para solucionar el dilema de la reina. “Con la ayuda del Banco de Inglaterra, mi departamento ha desarrollado las siguientes soluciones, que aparecerán en el proyecto de ley…», escribió el secretario de comercio, Geoffrey Howe, a un colega.
Howe propuso que el gobierno inserte una nueva cláusula en el proyecto de ley que otorgara al gobierno el poder de eximir a ciertas empresas del requisito de declarar las identidades de sus accionistas, reveló The Guardian.
Oficialmente, el cambio beneficiaría a una variedad de inversores adinerados, pero la reina Isabel “era claramente la beneficiaria prevista del arreglo”, afirma la investigación.
Howe, fallecido en 2015, parece haber revelado el papel de la reina en la creación de esta ley durante un debate parlamentario en 1975 en un discurso que pasó desapercibido.
“En relación con ese proyecto de ley, como con cualquier otro, los asesores de la Reina, como lo hacen de forma rutinaria, examinaron el proyecto de ley para ver si contenía, inadvertidamente o de otra manera, alguna restricción de la prerrogativa real”, dijo Howe ante la Cámara.
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