Al abonar antes de ser notificado por Hacienda o por la Justicia, el ex monarca evita ser imputado por un delito fiscal de acuerdo con la legislación española.
El rey emérito de España, Juan Carlos I, abonó voluntariamente a Hacienda una deuda tributaria por importe de 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal y evitar así que se abra una investigación judicial sobre sus presuntas tarjetas opacas.
Según un comunicado de su bufete de abogados citado por el diario El País, el rey Juan Carlos de Borbón procedió a presentar una declaración «sin requerimiento previo ante las Autoridades Tributarias competentes» con el fin de satisfacer la deuda que ascendía a más de medio millón de euros.
«En cualquier caso, el rey emérito continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos», sostiene la nota publicada por El País.
El ex rey de España reside en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) desde el pasado mes de agosto, cuando la Casa Real confirmó su traslado al extranjero. Su traslado ocurrió en medio de los escándalos que envuelven al rey emérito, actualmente bajo investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo de España por el presunto cobro de comisiones ilegales procedentes de Arabia Saudí.
En una carta a su hijo y actual rey, Felipe VI, el propio monarca admitió que la decisión de abandonar el país estaba influenciada por las polémicas en torno a su figura y que se marchaba con «afán de servicio a España».
Con el pago de esta deuda tributaria, que incluye intereses y recargos, el monarca consigue regularizar unos fondos que presuntamente recibió de su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018. Al abonar la cantidad antes de ser notificado por Hacienda o por la Justicia, Juan Carlos evita ser imputado por un delito fiscal de acuerdo con la legislación española.
«El delito fiscal es el único que puede eludirse con la confesión y la reparación del daño. En cualquier otro, esta reparación solo serviría para atenuar una futura pena; pero, en el caso del delito contra la Hacienda Pública, el pago de lo defraudado libera al contribuyente de la sanción administrativa y de la actuación judicial», explicó el citado periódico.
La Fiscalía Anticorrupción española indagaba desde 2019 sobre el origen de estas cantidades no declaradas, que se gastaron a través de varias tarjetas de crédito empleadas por miembros de la familia real. Según la información revelada por varios medios, ni el rey Felipe, la reina Letizia, la Princesa de Asturias o la Infanta Sofía fueron beneficiados por el uso de estas tarjetas.
Juan Carlos I no puede ser investigado por cualquier hecho anterior a 2014, cuando todavía era Rey e inviolable, pero la justicia sí le puede imputar por posibles delitos cometidos después de su abdicación. (Sputnik)
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