La más reciente incorporación de la Familia Real belga lleva años diciendo que su reclamo de filiación no tenía motivos económicos. El gobierno y el Parlamento parecen haber zanjado la cuestión de un salario oficial.
Reconociendo que Delphine Boël es la hija de Alberto II, el Tribunal de Apelación de Bruselas concluyó a principios del mes de octubre que no se podía hacer ninguna distinción entre hijos legítimos e hijos ilegítimos, y que todos deberían ser tratados en perfecta igualdad de condiciones. En ese sentido, la artista belga pasó a ser Su Alteza Real la Princesa Delphine de Bélgica con el apellido de Sajonia-Coburgo.
Sin embargo, queda un interrogante. Esta semana, la diputada belga Barbara Pas (del partido de derecha VB) aprovechó la oportunidad para señalar, nuevamente, el presupuesto de la Casa Real. Su razonamiento es que los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los hijos del rey deben aplicarse también a los salarios que reciben la princesa Astrid y el príncipe Laurent, hermanos menores del rey Felipe.

Dotar a Delphine de Sajonia-Coburgo con un salario proveniente del Estado “en este período de ajuste”, causado por la pandemia del coronavirus, sería “totalmente inaceptable”, dijo la diputada, quien en cambio sugirió eliminar los salarios estatales otorgados a la princesa Astrid y al príncipe Laurent.
El primer ministro Alexander De Croo respondió que la sentencia del Tribunal de Apelación no planteó “ningún problema en términos del principio constitucional de igualdad” y que, por lo tanto, no obliga a modificar “leyes y reglamentos vigentes”. Por ello, explicó que el gobierno no tiene previsto retirar las subvenciones a Astrid y Laurent y tampoco dotar a Delphine de un salario estatal.
La Casa Real de Bélgica recibe 13 millones de euros anuales provenientes de los fondos públicos, de los que una parte está destinada a salarios y el resto cubre el mantenimiento de las viviendas reales, los gastos de las visitas oficiales, los de la calefacción, la electricidad y el parque automovilístico. No se incluyen los costos de viajes oficiales ni de seguridad.
En 2014, el Senado belga reorganizó el sistema de subvenciones de la familia real. Los hijos del rey, con la excepción de la heredera al trono, ya no recibirán salarios provenientes de fondos públicos. Desde entonces, la Lista Civil se reparte entre el rey, la reina consorte, el príncipe heredero y su consorte, el ex monarca y su consorte o la reina viuda.

Sin embargo, la nueva ley no planteó cambios en los salarios de los príncipes Astrid (cerca de 330.000 euros) y Laurent (unos 320.000 euros), quienes asumen tareas oficiales de representación y, por lo tanto, no pueden ejercer una actividad profesional. “Esto significa que tienen derecho a su donación de por vida”, dice Marc Uyttendaele, experto constitucionalista belga y abogado de Delphine.
Vincent Dujardin, profesor de historia contemporánea en la Universidad Catolica de Lovaina, explica que Delphine no tiene derecho a un salario oficial: “No, en la medida en que no ha habido matrimonio que haya sido validado y refrendado por un gobierno que permita tener una actividad pública y una investidura; y cumplir con los deberes de representación del rey”.
El experto compara la situación con las princesas Esmeralda y María Cristina, las hijas del segundo matrimonio del rey Leopoldo III, que no reciben una dotación del Estado belga ya que no cumplen con actividades oficiales ni ocupan un lugar en la sucesión al trono.
“Delphine no pretende asumir ninguna misión de representación y no imagina por un segundo dejar su trabajo”, recordó Uyttendaele en una entrevista. La propia princesa dijo recientemente que sus motivaciones de reconocimiento familiar nunca fueron monetarias. “Por tanto, es absurdo, como ha dado a entender un abogado de Alberto II, que alguna vez busque una dotación. Ella no tiene derecho a ello y no tiene la intención de ser una carga para el estado”, afirmó Uyttendaele.
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