Fue abierta por la fiscalía del Tribunal Supremo después de hacerse públicas las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía de Anticorrupción.
La Fiscalía del Tribunal Supremo español abrió este 3 de noviembre una nueva investigación al rey emérito, don Juan Carlos de Borbón, su esposa la reina Sofía y otros familiares por el uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares, reveló un medio periodístico español.
«Son tarjetas que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares», reza la información del citado diario.
“Entre las personas que se beneficiaban de estas tarjetas opacas no se encuentran los actuales reyes de España: Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, según explican esas mismas fuentes. Tampoco la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (que hoy tiene 15 años) ni su hermana, Sofía (13). Pero sí otros familiares directos del rey emérito, que Anticorrupción está rastreando”, publicó elDiario.
El medio que publicó la noticia será investigado por la Fiscalía española. Fuentes judiciales consultadas por la agencia española Europa Press dicen que la publicación periodística contiene «inexactitudes», pero no revelaron cuáles.
Según la información del diario digital, “las tarjetas habrían sido también utilizadas por la reina emérita y con ellas se habrían pagado viajes privados a Londres, además de por otros familiares que no se mencionan”.
“Los movimientos en las cuentas citadas corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, es decir, son posteriores a la abdicación de Juan Carlos I”, dijo elDiario. Al ser posteriores a 2014, año hasta el cual el monarca gozó de inviolabilidad constitucional, los posibles delitos podrían ser imputables a Juan Carlos y la reina emérita.
Reacción del Gobierno español
El Gobierno de España evitó hacer una valoración pública sobre la investigación. «No vamos a comentar ninguna cuestión que tenga que ver con investigaciones por parte de la justicia», dijo en una comparecencia de prensa la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
Los indicios delictivos de estas tarjetas no están relacionados con la investigación que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene activa por los 65 millones de euros que Juan Carlos I habría recibido de Arabia Saudí en 2008 para luego transferirlos a su presunta amante en 2012.
De acuerdo con información adelantada por la prensa local en los últimos días, el fiscal de la causa se inclina por pedir el archivo de la causa saudí al tratarse de presuntos delitos previos a su abdicación, cuando Juan Carlos I todavía gozaba de inviolabilidad constitucional.
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