Diputados de diversos partidos políticos (nacionalistas, progresistas y de izquierda) habían solicitado una comisión que investigue las finanzas de don Juan Carlos.
El Congreso de los diputados de España rechazó este martes 10 de marzo abrir una investigación parlamentaria sobre las sospechas de blanqueo de dinero contra el rey emérito Juan Carlos, tras informaciones de prensa sobre una pesquisa abierta por la justicia suiza. «La mesa del Congreso no admite a trámite la solicitud de creación de una comisión de investigación», indicó un portavoz de la cámara baja.
Todos los miembros de este órgano ejecutivo de la cámara votaron en contra, con la excepción de los pertenecientes al partido de izquierda radical Podemos, que reclamó esta investigación. Esta formación abiertamente republicana integra desde enero el gobierno de coalición junto a los socialistas de Pedro Sánchez. Varios pequeños partidos de izquierda o independentistas catalanes se habían unido al pedido de una comisión de investigación.
El pedido surgió a raíz de publicaciones del periódico suizo La Tribune de Genève hace una semana. Este diario afirmó que, en 2008, Juan Carlos recibió 100 millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saudita en la cuenta en Suiza de una entidad panameña de la que era el único beneficiario. En 2012, una parte de esta suma, 65 millones de euros, fueron transferidos por el rey a su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein, siempre según el diario.
Citando fuentes próximas al caso, La Tribune de Genève afirma que estas transacciones estarían en el centro de una investigación penal abierta en 2018 en Ginebra por presunto «blanqueo de capitales agravado». Esa investigación tiene como base la cuenta de un banco suizo con sede en Las Bahamas, paraíso fiscal, que está a nombre de una fundación, y que según presume la justicia de ese país, sería propiedad del rey emérito.
Podemos ya había pedido en el pasado formar una comisión sobre el rey emérito, pero fracasó ante el rechazo de socialistas y la derecha. Juan Carlos gozaba de inmunidad durante sus años como jefe de Estado (1975-2014). «No compartimos esta decisión. La opacidad que envuelve al rey emérito es nociva para la democracia y no hace más que cargarnos de razones a quienes aspiramos a abolir la monarquía», reaccionó este martes en la red Twitter el diputado de Podemos Jaume Asens.
Enrique Santiago, secretario del Partido Comunista Español, diputadoque en 2018 presentó una querella contra el rey emérito ante el Tribunal Supremo, aseguró que “en un Estado democrático y de derecho no puede haber impunidad, y creemos que la inviolabilidad que se le asigna al rey emérito no puede ser impunidad”. “Todo lo que tiene que ver con la monarquía en España siempre ha estado cubierto por una gran capa de opacidad e impunidad”, aseguró en una entrevista y agregó: “No hay que perder de vista que la monarquía en España fue una monarquía impuesta por el propio franquismo en la Ley de Sucesión y que nunca ha habido un pronunciamiento expreso de los españoles sobre la monarquía”.
El secretario primero del Congreso y diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, advirtió de que están estudiando «todas las vías jurídicas posibles», incluso la de ir a los tribunales, para recurrir el rechazo de la Mesa de la Cámara Baja a que se abra una comisión de investigación sobre supuestas cuentas y donaciones atribuidas a Juan Carlos de Borbón, como había pedido el grupo confederal, informó la agencia española Europa Press. «No se puede utilizar la inviolabilidad del Rey como una coartada para garantizar el privilegio y la opacidad de un ex jefe de Estado que no tiene por qué ser tratado en asuntos tan graves de manera diferente a otro ciudadano del país», reclamó.
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, apoyó la postura del PSOE de no plantear una comisión de investigación sobre las presuntas cuentas irregulares que el exjefe de Estado podría tener en Suiza y otros paraísos fiscales. Anteriormente, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, dijo que la comisión de investigación «no cabe constitucionalmente» y pidió «rigor a la hora de tramitar las iniciativas parlamentarias». Asimismo, recordó que «no es la primera vez que grupos parlamentarios plantean una comisión de investigación en el Congreso sobre la Casa Real, en este caso sobre el Rey emérito» y sostuvo que «siempre los letrados de la Cámara han dicho lo mismo, no admitir a trámite la comisión de investigación porque al Rey emérito lo protege el artículo 56.3 de la Constitución».
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